
Un documento oficial de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) confirmó que la empresa que gestiona el metro y los trenes de cercanías en Valencia no recibió de las autoridades regionales ninguna advertencia concreta sobre la inminente catástrofe en octubre de 2024. Como consecuencia del desastre natural, murieron entonces 230 personas. El documento, al que tuvo acceso EL PAÍS, fue entregado al juzgado y se convirtió en una pieza clave en la investigación dirigida por la jueza Nuria Ruiz Tobarra, de Catarroja.
En el momento de la tragedia, la responsable de los servicios de emergencia era la entonces consejera de Justicia y Asuntos Internos, Salomé Pradas, principal investigada en el caso. Su adjunto era Emilio Arguso, también implicado en la investigación. Según la versión de Pradas y del gobierno regional, el retraso en la reacción se debió a la falta de información a tiempo por parte de organismos nacionales como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CGH) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Sin embargo, el tribunal rechazó repetidamente este argumento, señalando la existencia de información y desmintiendo la versión del «vacío informativo».
FGV precisó en su respuesta al juzgado que, aparte de alertas meteorológicas generales, la empresa no recibió ni instrucciones específicas ni recomendaciones concretas por parte del departamento de emergencias respecto al riesgo para el complejo ferroviario València Sud. Esta respuesta fue dada ante una solicitud oficial de la jueza, que quería saber si FGV había recibido algún aviso entre el 24 y el 29 de octubre de 2024.
Durante la investigación, el tribunal también identificó al conductor que acompañaba a Salomé Pradas el día de la catástrofe. Ahora la acusación popular, representada por el PSOE, ha solicitado formalmente citar a esta persona como testigo.
Las actuaciones de los servicios de emergencia y la coordinación entre organismos siguen siendo motivo de atención. Según señala EL PAÍS, la falta de comunicación directa con la empresa de transporte fue uno de los episodios clave en el caso de esta tragedia de gran magnitud. En el marco de esta investigación ya se ha planteado anteriormente la cuestión de la insuficiente movilización de recursos de rescate; por ejemplo, solo 19 de los 121 bomberos forestales participaron en las labores tras la inundación, lo que generó una nueva oleada de críticas hacia las autoridades regionales.












