
En Cataluña, un tribunal de Barcelona ha decidido reabrir el caso del incendio de una mezquita en Piera, que previamente había sido archivado. El motivo fue un nuevo informe de los Mossos d’Esquadra, que aportó información adicional sobre las posibles circunstancias del incidente. Este ocurrió en julio del año pasado, cuando el fuego destruyó el edificio de la nueva mezquita antes de su inauguración oficial. Según la policía, el incendio pudo haber sido intencionado; sin embargo, el juzgado de Igualada había cerrado la investigación inicialmente por falta de pruebas suficientes para continuar con el caso.
Tras un primer intento fallido de lograr la reapertura, los representantes de la Comunidad Islámica Piera-Masjid Arrahmnan presentaron una nueva apelación. Ahora, gracias al informe policial adicional, el caso ha vuelto a cobrar relevancia. Según la prensa local, una jueza de la Séptima Sección Penal de la Audiencia de Barcelona encargó a los Mossos d’Esquadra analizar la eficacia de los métodos de identificación de posibles sospechosos. Para ello, la policía solicitará a las compañías de telefonía móvil los listados de dispositivos que se encontraban en la zona de la mezquita alrededor de las 3:36 de la madrugada del 12 de julio, momento en que ocurrió el incendio.
Detalles de la investigación
El juez de instrucción tomará las decisiones posteriores respecto al caso. El abogado de la Comunidad Islámica, Benet Salellas, insistió en que la investigación fuera transferida a la Unidad Central de Delitos de Odio y Discriminación de los Mossos d’Esquadra. Sin embargo, el tribunal lo denegó, considerando que la unidad policial actual no es menos eficaz en la búsqueda de los responsables. No obstante, el hecho mismo de reabrir la investigación fue un paso importante para la comunidad que había estado construyendo la mezquita y no había tenido tiempo de inaugurarla antes del incidente.
Reacción y consecuencias
Tras el incendio, los organizadores de la mezquita recaudaron más de 60.000 euros para restaurar el edificio. La consejera de Interior de Cataluña, Nuria Parlón, declaró que todos los indicios apuntan a un incendio provocado de manera intencionada, lo que podría calificarse como un delito de odio. En respuesta al suceso, las tres mayores federaciones musulmanas de Cataluña emitieron un comunicado conjunto, condenando el incendio como un intento de romper el consenso social y la unidad.












